Esto pasa de manera muy especial en los denominados contratos de adhesión, que son aquellos que no tenemos oportunidad de negociar, es decir, que las cláusulas nos vienen impuestas por una empresa que nos vende un determinado producto o servicio. Pongo ejemplos. Pensamos en un renting o servicio regulado por un contrato que se se interrumpe prematuramente por motivos sobrevenidos a una de las partes. Suele pasar que se aplica una cláusula penal que nos obliga a pagar una parte del que quedaba por delante (muy frecuente en alquiler de vehículos o de inmuebles). No hay una regulación específica, pero existe la figura del abuso de posición dominante a partir de la cual esta cláusula se puede impugnar y pedir su nulidad con el argumento que la penalización es desproporcionada. Por dos motivos: porque no te han dejado negociarla y, también se puede dar la situación que, si la otra parte encuentra una salida rápida y lucrativa en el alquiler, se incurre en la figura denominada enriquecimiento injusto. Situaciones que pueden precipitar esta nulidad.
Este concepto del enriquecimiento injusto nos sirve para abordar un segundo supuesto. Imaginamos que una promotora inmobiliaria que impulsa una promoción de lujo involucra una sociedad que se dedica a las inversiones. En un primer momento, pacta pagar un 10% y, en un año y mientras las obras avanzan, otro 10%. Durante este intervalo, pero, la sociedad tiene un problema de liquidez y no puede hacer frente al segundo pago. Cosa que que hace que la promotora aplique la cláusula penal subscrita y se quede con el 10% aportado inicialmente y reclame, si así lo prevé la cláusula, alguna penalización adicional, por unos supuestos daños y perjuicios. Si se demuestra que la promoción se ha revalorizado se estará demostrando enriquecimiento injusto y, por lo tanto, un juez podría decidir la nulidad de la cláusula.
Estos casos demuestran que la justicia es algo más complejo que un contrato o una ley. Por eso existe el criterio de los jueces, que son los que, con sus resoluciones, fijan la jurisprudencia en casos que, como estos, arbitran situaciones complejas en que la ley se queda corta. Cómo decía Aristóteles, “justicia es dar a cada cual aquello que es suyo”. Pero en la mayoría de situaciones como ya sabemos, se tendrá que luchar a los tribunales para corregir los frecuentes abusos con los que incurren algunas organizaciones.
