Parece evidente que vayamos hacia una crisis económica que ni los fondos europeos podrán evitar. Ante este escenario, invito a hacer una reflexión sobre el destino del llamado banco malo, la SAREB, constituido en 2012 con la idea de sacar de los balances de las antiguas cajas de ahorros el ladrillo tóxico. El gobierno de la época vendió la idea que la SAREB dispondría de aquello que las entidades financieras no tenían y que no podían permitirse: tiempo y capacidad de resistencia a fin de conseguir una óptima negociación de venta de los activos. Se quería evitar que todos los activos tuvieran que salir al mercado de forma desordenada y descontrolada, lo cual significaría malvenderlos.
Aquello que se esperaba es que la SAREB consiguiera beneficios, mediante la venta de estos activos por un precio superior al que la propia SAREB había pagado por ellos. Pero, la realidad ha sido muy diferente. La SAREB ha ido acumulando pérdidas. Y la deuda generada se ha calificado como deuda pública, incrementándolo en 35.000 millones de euros.
La SAREB no tendría que ser considerada como una entidad pública, dado que el gobierno de la época quería que la participación de los bancos privados fuera mayoritaria y así lo consiguió (45,9% del Estado y 54,1% de los bancos). El problema surgió, cuando para financiar la adquisición de sus activos, la SAREB tuvo que colocar deuda en los mercados por un valor equivaliendo prácticamente al 100% de sus activos y el Estado tuvo que avalar la llamada deuda sénior. Esta es la razón de la recalificación de la deuda de la SAREB como público, desprendido de los continuos años de pérdidas.
Pero, son estos 35.000 millones de euros una deuda real? La respuesta es que no, por el hecho que la SAREB continúa disponiendo de activos que se tienen que vender y con los cuales se tendrá que enjugar el máximo montante posible de esta deuda.
Es cierto que, después de las continuas pérdidas acumuladas de la SAREB, hay críticas que pidan que la SAREB acontezca una gran inmobiliaria pública y que ceda sus pisos y viviendas en general a colectivos vulnerables o que los coloque al mercado en régimen de alquiler social con una renta muy reducida. Esta medida, de innegable connotación social, tendría como contrapartida que los activos de la SAREB no se venderían nunca y entonces sí que se consolidaría la pérdida de los 35.000 millones de euros, que tendría que afrontar el Estado y, por lo tanto, todos los ciudadanos. Este es el motivo por el cual, paradójicamente, es mejor que la SAREB continúe con la venta de sus activos, con un control para que no se derrochen, pero tampoco con expectativas imposibles, para que se pueda reducir de una manera significativa la deuda pública. Se trataría de evitar que nuevamente seamos todos los contribuyentes quienes tuviéramos que pagar las malas gestiones y las malas prácticas de las entidades bancarias. De lo contrario, como hipótesis, las medidas de índole social descritas tendrían que ser exigidas a las entidades financieras que recibieron dinero público y que no lo han vuelto.
