Estas prácticas ilegales hacen daño a la imagen de nuestros productos, como es el caso del vino
Durante los últimos dos años se han incrementado las condenas contra agricultores por delitos contra la normativa de protección de variedades vegetales, una mala praxis que también ha tenido ejemplos en el sector del vino tipificada en el Código Penal y castigada con penas de entre uno y tres años. Este tipo de delito lo acostumbra a cometer el productor que ya ha obtenido una licencia de explotación de una variedad vegetal protegida, que le permitirá explotar un número determinado de árboles y que es consciente del hecho que si quiere ampliar el número de árboles o cepas de la licencia tendrá que pagar un royalty adicional (ya pactado) o que tiene la obligación, si ha tenido bajas en la plantación, de adquirir los nuevos árboles al vivero designado por el obtentor y por un precio también pactado. Entonces el delito se comete cuando este productor decide aprovechar su propia plantación, a fin de extraer esquejes y aumentar de este modo ilícitamente su producción, más allá de los límites de la licencia de explotación (como ya ha pasado por caja una vez, se cree que ya no hay que pasar nunca más).
Nadie obliga a un productor a solicitar y obtener una licencia de explotación de una variedad vegetal protegida, pero si lo hace, del mismo modo que obtendrá unas ventajas (como son el prestigio de la variedad que redunda en la obtención de un mayor precio y de una mejor comercialización), también tiene que asumir sus obligaciones, entre las cuales está respetar el hecho que el productor no es el propietario de la variedad, solo tiene una licencia de explotación.
Además de las mencionadas consecuencias penales, estas prácticas ilegales hacen daño a la imagen de nuestros productos, como es el caso del vino. Y esto porque el producto clandestino, queda fuera del sistema oficial de control y certificación, no ofrece ninguna garantía de pertenencia a la variedad que se indica ni de sus condiciones fitosanitarias. En resumen, en lugar de avanzar y convertirnos en los suministradores de alta calidad de los mercados más potentes (y más exigentes) corremos el riesgo de volver a caer en una producción desprestigiada, con unos precios hundidos y con unos productores arruinados; por eso, hace falta no permitir “la picaresca” y, más bien al contrario, hay que denunciarla.
En Reverter Abogados estamos luchando por los intereses del obtentor de la variedad vegetal protegida SANDO y hemos conseguido que se admita una querella en los Juzgados de Nules contra los infractores de los derechos del obtentor.
