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El derecho de los ciudadanos a estar informados: el caso Iquoxe

LA CARENCIA De INFORMACIÓN SOBRE QUE PASABA A IQUOXE DENUNCIADA POR GENERALITAT Y AYUNTAMIENTOS EVIDENCIA LOS NIVELES DE DESINFORMACIÓN QUE TIENE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS RIESGOS QUÍMICOS

La frase que ha motivado este artículo fue la pronunciada por el Subdirector de Protección Civil, cuando argumentó que la empresa IQOXE no siguió los protocolos de información, dificultando así que la Administración pudiera evaluar de una manera rápida la situación a la que, todos juntos, nos enfrentábamos. Resulta obvio que la seguridad de toda la población que rodea el complejo petroquímico de Tarragona es el valor principal por el cual se tiene que velar y la sensación que tenemos la mayoría de ciudadanos es que parece que no se le ha dado la suficiente prioridad, con la funesta consecuencia de muertos, heridos y pánico colectivo. Y, sobre todo, una sensación de inseguridad en casa nuestra.

No se trata de demonizar el sector petroquímico, que supone una fuente de riqueza y de creación de puestos de trabajo, pero esto no es obstáculo porque la seguridad de la población en general y de los propios trabajadores del complejo sean una prioridad. Una primera impresión que recibe la ciudadanía es la carencia de una información proactiva por parte de la patronal de la química sobre la seguridad y sobre el auténtico impacto medioambiental que tiene. Digo esto porque no sé si es coincidencia el hecho que la empresa siniestrada había estado hasta cuatro veces sancionada por la Inspección de Trabajo de la Generalitat de Cataluña por incumplimiento de normativas sobre condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales. Esta información, del mismo modo que nos llegan las estadísticas que publica la patronal en el sentido que el porcentaje de siniestros es muy bajo, también tendría que haber llegado a la ciudadanía. También echo de menos una reacción de la propia patronal condenando y censurando los incumplimientos de las empresas asociadas en un sector que tiene que ser extremadamente cuidadoso para evitar consecuencias como las que hemos visto.

Ciertamente, hay convenios firmados entre la Asociación Empresarial Química de Tarragona y la Generalitat de Catalunya para preservar el medio ambiente. Hay también un Código Ético sobre el comportamiento que tienen que tener los integrantes de esta patronal. Pero, a mi parecer, no hay bastante cumpliendo estrictamente con la normativa de seguridad exigible: hace falta también hacer un esfuerzo de transparencia de información hacia la ciudadanía. En concreto: cuáles son los productos con los cuales se está trabajando, como se están tratando estos productos y qué normativa de seguridad existe, como se están controlando las emisiones en la atmósfera de esta proceso industrial, etc.


LOS CONTROLES QUE SE HACEN SON HERMÉTICOS Y NO CUMPLEN CON UNA DIRECTIVA EUROPEA QUE EXIGE QUE SEAN INDEPENDIENTES Y CALIFICADOS PARA GARANTIZAR UNA INFORMACIÓN CONSTANTE Y OBJETIVA En LA POBLACIÓN


De lo contrario, la Generalitat y los Ayuntamientos del entorno disponen de toda esta información? Con las declaraciones del consejero Buch, la misma tarde del siniestro, parece ser que no. Da la impresión que si la Administración hubiera dispuesto de información sobre el producto manipulado, el protocolo habría sido más eficaz. Es una hipótesis, pero de todos modos son demasiadas dudas para tan trágicas consecuencias, lo cual no es admisible. Como tampoco lo es que posteriormente al accidente nos encontramos con la información publicada relativa a que el óxido de etileno es, según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), un agente cancerígeno y su exposición puede derivar, en los casos más graves, en el desarrollo de leucemia y graves afectaciones sobre el sistema linfático y hematopoyetico.

La pregunta es: ¿cuántos y qué productos están siendo manipulados al complejo químico de Tarragona con idénticas características cancerígenas? ¿Tenemos derecho a tener esta información antes de que se produzca cualquier siniestro? Según la Unión Europea, sí. El Preámbulo de la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, prevé expresamente la necesidad de participación del público en la toma de decisiones que afectan a su entorno ambiental y exige que los responsables de los diferentes sectores económicos tengan en cuenta las opiniones y las preocupaciones de la población. Esta norma europea combina esta participación de la población con la necesidad que haya un sistema de inspecciones ambientales independientes y cualificados, impulsados por las Administraciones y que garanticen una información constante, objetiva y directa sobre la salud ambiental de los entornos industriales.

Desgraciadamente, según mi parecer, la transposición interna de esta normativa europea, a través de la Ley 5/2013, de 11 de junio, y ulteriormente con el Real-Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, no ha desarrollado esta parte del preámbulo de la Directiva europea, a pesar del esfuerzo que hace al incrementar el nivel de control de las emisiones. El transcurso del tiempo nos aboca a la impresión que se acaba generando una actuación de control excesivamente hermética y que no acaba de funcionar, como lo ha demostrado el siniestro reciente y otros que han sucedido en los últimos años. No nos lo podemos permitir. Hay que hacer efectivas aquellas directrices legales y hacer partícipe la ciudadanía del control de su medio ambiente, sin oscurantismo y sin trabas.

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