En demasiadas ocasiones, las empresas subestiman la complejidad jurídica que rodea estos procesos. La ley mercantil establece unos requisitos formales y materiales que, si no se cumplen escrupulosamente, pueden derivar en impugnaciones, conflictos entre socios o responsabilidades personales de los administradores. Un error en la convocatoria, una redacción ambigua en el orden del día o una acta mal formulada pueden abrir la puerta a litigios costosos y a la pérdida de confianza entre los accionistas.
Un asesoramiento adecuado en materia de Juntas no se tiene que limitar a su organización formal. Implica, sobre todo, una tarea preventiva: analizar posibles conflictos entre socios y administradores, revisar los derechos de voto e información, y garantizar que los acuerdos se adopten dentro de los límites legales y estatutarios. Además, el asesor legal puede ofrecer una visión externa y objetiva que a menudo ayuda a desactivar tensiones internas antes de que deriven en disputas judiciales.
El ASESORAMIENTO LEGAL ES DECISIVO PARA EL BUEN GOBIERNO DE LAS JUNTAS De ACCIONISTAS: PREVENIR CONFLICTOS, BLINDAR LA VALIDEZ DE LAS CONVOCATORIAS Y ACTAS, Y REFORZAR LA TOMA DE DECISIONES.
Este papel es todavía más relevante en situaciones complejas, como por ejemplo la compra de una unidad productiva o societaria, donde las decisiones de la Junta pueden comportar implicaciones de responsabilidad futura o afectar los intereses de terceros. Contar con un asesor que conozca tanto la normativa como la práctica de los tribunales es una garantía de seguridad jurídica y de serenidad en la toma de decisiones.
Todo y las medidas preventivas, hay casos en que el conflicto es inevitable. En estos escenarios, el papel del asesor legal se transforma: pasa de ser un garante de buen gobierno a un defensor de los derechos e intereses de la sociedad o de los socios afectados. La experiencia en asesoramiento judicial societario es esencial para abordar cuestiones como la impugnación de acuerdos sociales, la reclamación contra administradores por mala gestión o negligencia, o la determinación de la responsabilidad por culpa u objetiva.
También son cada vez más frecuentes los litigios derivados de la deslealtad societaria, cuando un administrador o socio actúa en beneficio propio o en perjuicio de la sociedad. Ante estas situaciones, el conocimiento técnico y estratégico del derecho societario resulta determinante para proteger la continuidad y la reputación de la empresa.
El derecho societario no es un obstáculo para el crecimiento empresarial, sino una herramienta para fortalecerlo. Una Junta muy asesorada es una Junta que genera confianza entre sus miembros, que adopta acuerdos sólidos y que evita incertidumbres futuras. En un contexto económico donde la transparencia y la responsabilidad corporativa son valores cada vez más exigidos, disponer de un asesoramiento legal especializado es una inversión en estabilidad y credibilidad.
En definitiva, el buen funcionamiento de las Juntas de Accionistas no depende solo de la voluntad de sus miembros, sino también de la calidad de su apoyo jurídico. Contar con profesionales calificados en derecho societario no es un lujo: es una necesidad para garantizar la continuidad, el rigor y la buena gobernanza de cualquier proyecto empresarial.
