Las cooperativas agrarias, un fenómeno muy arraigado en nuestro país, han hecho un gran trabajo para proteger el sector primario y sus protagonistas, los pequeños productores que, sin el músculo que les ha proporcionado el cooperativismo, habrían tenido mucho más difícil salir adelante con su actividad. Precisamente estos días están de rabiosa actualidad (y nunca mejor dicho) las dificultades de los campesinos y ganaderos para ser rentables en un contexto adverso, marcado por la globalización, el peso de la burocracia y los abusos de la gran distribución, entre otros de otros obstáculos que amenazan un sector vital para la economía, el medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos. Las cooperativas son agente importante en esta lucha por el principio indiscutible que la unión hace la fuerza, en un sector que por naturaleza está muy atomizado.
Pero de cooperativas, como de todo, hay de buenas y de malas. Y, para ser más exactos, y para preservar la esencia de estas organizaciones y la pulcritud de sus principios fundacionales, lo que ha aflorado los últimos años es que algunas cooperativas estaban mal gestionadas. O pésimamente gestionadas.
Ante esta constatación, un socio cooperativista tiene que tomar algunas precauciones para evitar salir salpicado de las malas decisiones que, ya sea con buena o mala fe, han tomado los responsables de una determinada cooperativa. La primera es muy obvia: estar muy encima de todo el que implica la gestión de la cooperativa a la que se pertenece. Y hacerlo de una manera cualificada, es decir, sometiendo aquellas decisiones que puedan generar alguna duda, ya sea por la envergadura económica o por la naturaleza de la acción, a expertos legales independientes. Porque por aquí han fallado en la gran mayoría de las quiebras que hemos visto los últimos años y que han afectado a la reputación de todo el sector.
Inversiones faraónicas innecesarias, operaciones financieras de dudosa rentabilidad, incursiones a actividades impropias de la actividad agraria… Sus maniobras de riesgo que, ya sea por desconocimiento, afán lucrativo o carencia de rigor profesional pueden hacer que el buen trabajo de décadas y décadas de una cooperativa en defensa de los intereses de sus socios quede sepultada por una apuesta que clamaba al cielo desde el primer momento, si hubiera sido detectada por ojos cualificados. Y genera una mochila muy pesada para los socios, que tendrán que responder de la fechoría.
Precisamente en este ámbito es donde se tienen que tomar las precauciones más extremas. Y pongo un ejemplo que últimamente ha pasado por mis manos: el de una cooperativa que ha centrifugado sobre los socios la responsabilidad sobre las malas decisiones de gestión, protegiendo, por lo tanto, al administrador. Un tipo de red de seguridad para evitar daños a los potenciales funambulistas que piloten la organización tomando decisiones temerarias que saben que, si no salen bien, quedarán protegidos por la solvencia (o no) de los pequeños productores a los que se supone que representan.
Esta fórmula que permite los gestores socializar las consecuencias de sus malas decisiones es, además de inmoral, manifiestamente ilegal. Lo dice claramente la Ley 12/2015, de 9 de julio, que fija un límite a la responsabilidad de los socios cooperativistas en las aportaciones en el capital social. Y también la jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 71/2014, que dictamina en el mismo sentido de poner límites a las responsabilidades de los socios de una cooperativa.
Obviamente, es una fórmula a rechazar de manera anticipada, porque más vale prevenir que curar, pero también denunciable a posteriori, puesto que el marco legal de las cooperativas y la jurisprudencia no avalan una manera de hacer que representa un gran riesgo para unas entidades que tienen encargo una función social y económica muy importante: proteger la viabilidad del campesinado y del mundo rural. Y con esto no se puede jugar.
