Estamos a las puertas -si no hemos entrado ya- de una nueva crisis económica que tendrá consecuencias importantes para buena parte de la sociedad. Una crisis que, por mucho que se quiera atribuir al Leviatan Putin y sus delirios, llega por varios factores que ya cogían forma antes de la invasión de Ucrania: el impacto de la pandemia en muchos sectores económicos, la inflación, las turbulencias logísticas que han alterado las cadenas de suministro, los precios de la energía, etc. Situaciones que el conflicto entre Rusia i Occidente ha agravado, pero que ya habían aflorado en los años anteriores a este 2022, que no se si llegará a la categoría de annus horribilis pero que sin duda está haciendo méritos para ser incluido en esta ingrata categoría.
Es hora de afrontar la situación con medidas precisas. La Unión Europea y los gobiernos ya lo están haciendo, con ejemplos como la anunciada subida de tipos de interés para frenar la inflación, la reducción del IVA u otros impuestos o los diferentes topes a los precios de los productos de primera necesidad, las hipotecas y otros bienes o servicios. Son recetas de manual, más o menos previsibles, pero que tendrán un coste. Y alguien deberá pagar esta factura, que llegará después de la pandemia y, por tanto, con los niveles de deuda pública más elevados que nunca.
Es hora, pues, de buscar recursos adicionales para hacer frente a esta situación. Y la mirada se ha puesto en dos sectores que acumulan beneficios muy cuantiosos en muy buena medida, y esto por más que sea una verdad incómoda hay que tenerlo muy en cuenta, por varios privilegios adquiridos que nadie osa replantear. Me refiero a la banca y a las energéticas. La Unión Europea está ratificando estos días el planteamiento que ya hizo el Gobierno español y que provocó el rechazo de ambos sectores, siempre con el cuchillo entre los dientes a la hora de defender su parte del pastel. Desde mi punto de vista, bancos y eléctricas están moralmente obligados a acatar estas medidas extraordinarias porque la sociedad de la que forman parte (y
de la que se lucran) pueda salir de esta situación minimizando los efectos de la crisis.
En el caso de los bancos, y según la propuesta del Gobierno, se les grabará un 4,8% de las comisiones que cobran a los ciudadanos, una presión fiscal más que soportable, especialmente si tenemos en cuenta los grandes beneficios que estas entidades presentan año tras año. Y, muy especialmente, y es importante recordarlo, hay que tener en cuenta que al sistema bancario español lo rescatamos entre todos en 2012 con una inyección de 60.000 millones de euros en un ejemplo escandaloso de socializar las pérdidas. De aquí que ahora se les pueda pedir, moral y legalmente, la socialización de una pequeña parte de sus ingentes beneficios.
Por lo que respecta a las energéticas, estamos en un contexto también de crecimientos exponenciales. Que se les pida un 1,2% de los beneficios es irrisorio para los balances de unas empresas que, en medio de unos incrementos tarifarios que se atribuyen a factores coyunturales, no paran de hacer crecer sus beneficios. Es obvio que estos elementos externos existen (tensiones internacionales, precios de las materias primas, etc.) pero también que estas empresas se aprovechan del contexto para optimizar sus resultados.
En resumen, lo que se está haciendo es reclamar a estas grandes empresas que devuelvan a la sociedad una parte de lo que le chupan. Pasar de una economía meramente extractiva a una economía que incorpore este principio de que los beneficios de las grandes compañías son socializables, especialmente en contextos como el actual.
Obviamente, esto genera muchos anticuerpos entre un tejido de empresas ligadas a la estructura profunda del Estado, acostumbradas a vivir de los presupuestos públicos y que ejercen de oligopolio. Los mecanismos defensivos ya se han activado y la guardia pretoriana ya ha dejado ir diversos argumentarios que, como jurista, considero falaces. I apelo a la Constitución, que define el Estado español como un estado ‘social, democrático y de derecho’. Además, el artículo 51 habla de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, que es lo que está en juego aquí. Sin olvidar que los nuevos tributos no vulneran el principio de confiscatoriedad (artículo 31 de la Constitución) que pone el límite de que a un contribuyente no se le puede
quitar una parte substancial de sus recursos para cumplir con sus obligaciones con los impuestos. En este caso, parece evidente que con un 1,2% o un 4,8% estas empresas no van a tambalearse.
Y por lo que respecta a Europa no olvidemos que es precisamente la Unión Europea la que ha sido la gran garante de los derechos de los consumidores y usuarios, con la directiva 93/13 que permitió crear un nuevo marco jurídico más exigente. Se hace difícil pensar, por tanto, que Europa no acepte unas medidas que, personalmente, creo que tendrían que ser más intensas y ejercer de punto de inflexión y no quedarse en un hecho aislado ante una situación extraordinaria. En beneficio de esta idea de cuidar de la comunidad de la que todos formamos parte.
