En los últimos días el caso de fraude a la hacienda pública protagonizado por la cantante Shakira ha vuelto a ocupar una gran cantidad de espacios a los medios de comunicación. Y lo ha hecho por la sentencia que condena a la Agencia Tributaria a volver a la cantante colombiana unos 60 millones de euros correspondientes a los ingresos que no declaró durante el ejercicio 2011, en el que Shakira ha conseguido demostrar que no residía en el Estado español. Recordamos, pero, que el artista universal que ha planteado su caso como un abuso del fisco si que reconoció que había defraudado en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, acatando los castigos correspondientes.
Independientemente de la dudosa moralidad de erigirse como abanderada de los damnificados por Hacienda cuando has reconocido que practicabas el fraude, el caso nos lleva a hablar de un tema subyacente: el de la responsabilidad de los altos funcionarios que no son, ni mucho menos, infalibles, como se ha vuelto a demostrar. Cometen errores, muchos, y es absolutamente legítimo que los ciudadanos, famosos o no, les exijamos responsabilidades y la reparación de nuestros derechos.
Shakira lo ha podido hacer, al menos parcialmente. Pensarán que porque ella tiene los recursos para contratar buenos abogados y soportar el largo via crucis judicial por el que pasan estas reclamaciones. Y pensarán bien. Pero no tendría que ser un derecho exclusivo de los millonarios. De hecho, contrariamente a los mitos populares que circulan nuestra experiencia nos demuestra que, cuando un alto funcionario ha cometido un abuso, si las cosas se hacen bien, tenemos muchas posibilidades que la justicia nos dé la razón.
Les pongo dos ejemplos recientes en que nuestro despacho ha obtenido esta victoria, que tiene impacto a nivel económico, pero también moral. El primero, el de un ciudadano con una deuda tributaria no satisfecho que acabó en fase de constreñimiento, en la que su inmueble se subastó. Los funcionarios, pero, no cumplieron con la obligación de comunicarlo al afectado, cosa que provocó, después del proceso judicial, la nulidad de todo el procedimiento. En otro caso, hemos conseguido anular unos embargos cautelares aplicados de manera ilegal por los funcionarios, que no tuvieron en cuenta que esta acción era abusiva y dejaba prácticamente sin opciones de rehacerse y hacer frente a la totalidad de las deudas contraídas.
En estos casos y en otros, los funcionarios demuestran que cometen errores y que, muchas veces, abren con poca sensibilidad y flexibilidad ante las personas que tienen delante. Cómo hemos dicho en otros artículos, es una nueva versión del que la filósofa judía Hannah Arendt denominó la banalidad del mal durante los juicios de Núremberg a los criminales nazis. Y, cuando esto pasa, tenemos que exigir responsabilidades. Porque sus errores y actuaciones fuera de la ley podan, incluso, estar tipificados como delitos.
Shakira y sus prestigiosos y muy remunerados abogados lo han conseguido. Pero esta victoria está mucho más en nuestro alcance del que pensamos. Como sociedad tenemos que superar el viejo estigma que otorga a los representantes de la Administración -y a los de la Agencia Tributaria muy en particular- un aura de infalibilidad y poder contra la que no se puede luchar. Se puede. Y, para conseguirlo, no hay que hacer una canción que acumule millones de reproducciones a Spotify.
