Como sabe el lector, la propiedad privada es uno de los pilares de nuestro modelo social, económico y político, a pesar de que no es un valor absoluto, como contempla la Constitución, y esto quizás lo sabe menos gente. En efecto, los derechos asociados a la propiedad privada pueden quedar en suspenso o acontecer relativos cuando por el medio hay cuestiones de utilidad pública, interés general o bien común, como el despliegue de una infraestructura viaria, ferroviaria o energética por un terreno que nos pertenece, por ejemplo.
En estos casos, como decía, la utilidad pública prevalece. Pero, algunas veces, en virtud de este principio y de las excepciones al valor absoluto de la propiedad privada se cometen abusos que se podan y se tienen que combatir. Pongo un ejemplo real y reciente. El de un propietario de nuestras comarcas que vio con estupefacción que, de repente, unas máquinas irrumpían a su finca para arrancar árboles frutales y hacer agujeros al suelo. El argumento era que por allí hay de pasar una línea de alta tensión para transportar electricidad, esgrimiendo un documento privado firmado 12 años antes a cambio de una cantidad económica irrisoria que ahora la compañía pretendía que fuera un cheque en blanco.
No es la manera legal de hacerlo. Cuando hablamos de un proyecto de estas características se tiene que hacer una expropiación y una servidumbre de para los trabajos de instalación. Y esto comporta una serie de requisitos que en este caso no se han respetado: dar información a las partes, fijar un justo precio, satisfacer la indemnización, establecer una temporalidad concreta para ejecutar los trabajos, etc. Y todo esto no se puede hacer por un documento privado, sino en un documento público con todas las garantías de legalidad.
