El lector sabe perfectamente la importancia (y la dificultad) que para una empresa tiene mantener la tesorería saneada. En un contexto en que -a pesar de que hemos avanzado muy- todavía es una tarea titánica llevar las cuentas en el día porque arrastramos la lacra de la morosidad, ya sea motivada por los rigores de la coyuntura o por la vergonzosa ingeniería financiera que practican algunas grandes empresas que estrangulan sus proveedores demorando los pagos más allá de los plazos legales.
Por eso es todavía más escandaloso que los proveedores de un servicio básico para las empresas como la electricidad jueguen con nuestro dinero con el truco de las lecturas estimadas. Una mala praxis que afecta también a particulares y que los consumidores hemos normalizado durante demasiado tiempo, ante el poco recorrido que históricamente han tenido las guerras ante unas oligarquías omnipotentes. Pero las cosas, muy despacio, van cambiando en algunos ámbitos. Siempre, esto si, por la terquedad de quien no está dispuesto a dejarse tomar el por el.
En este caso, están proliferando los casos ganados a los tribunales de abusos flagrantes de las eléctricas. Los explico un en el que hemos salido victoriosos en nuestro despacho en el que el importe total de la lectura estimada se acercaba a los 6.000 euros, mientras que la lectura real era inferior a los 2.000. Una estimación un poco sesgada para el bolsillo de la víctima de este fraude, oi? Pues es el que pasa en algunos casos en que, ya sea por mala fe o por automatismos orgánicos que sueño una expresión de la negligencia de estas compañías, la pelota se va haciendo grande hasta límites inaceptables.
Y digo negligencia, pero también aplica la idea de impunidad. Porque estos operadores tienen tan interiorizado que sus métodos son inapelables que en las declaraciones ante el juez el representante de la empresa comercializadora no hizo ninguna autocrítica ni ninguna demostración de comprender que el sesgo era un fraude al cliente. Se limitó a decir que él aplicaba la información que le llegaba de la distribuidora que, como saben muchos consumidores, a menudo son ambas filiales de la misma gran compañía, y no hay que decir nombres, pero en Cataluña todos tenemos una en el jefe, oi? No debía de ser tan difícil darse cuenta del gap y obrar de manera rigurosa, ética y eficiente, que es el que fidelitza a los clientes (cuando la competencia es real, está claro).
Afortunadamente el juez estuvo por la labor y estimó solo parcialmente la reclamación de la empresa, es decir, el importe de la lectura real y no el de la estimada que le reclamaba de forma desacomplexada esta comercializadora que, a pesar de la liberalización del mercado, perpetúa prácticas abusivas propias del antiguo régimen monopolístico. Y una detalle a tener presente: ante los (buenos) jueces las formas importan y, por este motivo, cuando se inició el procedimiento legal aconsejamos a nuestro cliente que consignara al juzgado el dinero de la lectura real, para que quedara claro que obrábamos de buena fe, que no queríamos escaquejar-noes de la obligación de pagar, pero que el que no aceptábamos era que nos tomaran el por el.
Es solo una sentencia y, como decía, cada vez hay más en el mismo sentido. Pero conviene remarcar que, con las posibilidades que nos brinda la digitalización, no tiene ningún sentido que los suministradores especulen con que hemos consumido. Tienen que ser capaces de controlarlo con precisión y cobrarnos en consecuencia. Porque nuestro dinero tienen que estar allá donde los necesitamos, y no engordando unas cuentas bancarias de unos operadores que año tras año presentan suculentos beneficios. Sería bueno que, además de la jurisprudencia que vayamos acumulando, todo ello fundido objeto de una regulación severa en defensa de los derechos de las empresas y los particulares. Y, si no es pedir demasiado, de aquellas que la Administración hace cumplir, no como la de la morosidad, que administraciones y ciertas empresas se saltan impunemente.
