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La voracidad de la Administración con las empresas, un tiro en el pie que es reversible en los tribunales

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Vamos a los básicos. La Administración está, como su nombre indica, para administrar a la sociedad y hacerlo en nombre del interés general, aunque esto último no forme parte de la semántica del concepto, pero sí del sentido común, verdad?. Es evidente que llevar a cabo esta tarea es muy complejo, porque esto del bien común es muy opinable, especialmente cuando, en su nombre, la Administración entra en conflicto con intereses particulares. Y también es de sentido común esperar que la Administración, en su propósito, vele para minimizar el impacto de su tarea sobre estos intereses, cosa que no significa que no se tenga que perseguir y castigar a quién actúa indiscutiblemente en contra de la Ley, que es el ente abstracto que da forma y protege este interés general.
En el caso de las empresas, este conflicto acostumbra a llegar a niveles muy elevados dónde es muy importante que las dos partes afinen en su posición y actitud. Las empresas, que tienen como razón de ser irrenunciable la de maximizar sus beneficios, porque tienen que extremar el rigor con sus obligaciones administrativas, muy en concreto con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. De otro lado, demasiado a menudo se olvida que en la exigencia de cumplimiento de la Ley se tiene que dar ejemplo, teniendo en cuenta, además, que las empresas son un activo para la sociedad. Y que, por este motivo, a la hora de aplicar normativas, plazos, exigencias y requisitos, es una buena praxis demostrar un espíritu de colaboración que ayude a que las sociedades mercantiles sigan adelante para seguir creando riqueza y, también, para seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales y tributarias que financian las políticas públicas. La actitud contraria es un disparo al pie de la Administración, que, como decíamos, se supone que representa el interés general.

Los abogados que defendemos los intereses de las empresas en conflictos con la Administración nos encontramos en muchas ocasiones con actitudes que no responden a la que describía en el párrafo anterior. Pero que tampoco se ajustan al derecho, como demuestran muchas sentencias. Para poner algún ejemplo, en un caso reciente que llevamos en nuestro despacho un juez dio la razón a un ex administrador de una empresa que acumulaba deudas que la Agencia Tributaria pretendía cobrarse sobre el patrimonio de nuestro cliente fuera del plazo de prescripción. Cosa que hizo que, incluso, se los condenara con costas. No discutimos que los administradores tengan responsabilidad en la (presunta) mala gestión de una empresa, pero esta responsabilidad se tiene que demostrar y está sometida a un marco legal, que incluye, como no puede ser de otro modo, un plazo de prescripción. No tenerlo en cuenta, cuando eres la Administración y, se supone, la garante del bien común, es predicar con el no-ejemplo.

En otro caso del que hemos tenido noticia a través de la prensa económica, la Seguridad Social ha sido condenada a volver a una empresa el dinero sobre unas presuntas irregularidades en la gestión de las horas extra. La mala praxis administrativa en este caso es que mientras el litigio seguía su curso la empresa se quedó sin los datos de su gestión por un ciberataque y la Seguridad Social, que las tenía porque la misma empresa le había facilitado, se resistía a compartirla. ¿Es esta la idea de fair play que tiene que tener un departamento de la cosa pública hacia sus administrados?.

En ambos casos nos tenemos que preguntar: está la Administración obrando de buena fe, entendiendo por buena fe la idea de servir al bien común? La respuesta es obvia: no. Obra según una lógica organizacional endogámica que coge forma en las actitudes y decisiones egocéntricas de sus representantes, profesionales abducidos por una patología corporativa muy consolidada que los desvirtúa el juicio y les otorga una irreal sensación de impunidad que acaba haciéndolos funcionar como autómatas.

La viabilidad de una empresa es un bien a proteger. No hacerlo en estricta observancia de los instintos de voracidad administrativa de los burócratas es una nueva versión de aquel concepto de la banalidad del mal que acuñó la filósofa judía Hannah Arendt a la hora de explicar los comportamientos de los líderes del nazismo durante los juicios de Núremberg y que tanto costó de entender, especialmente a sus correligionarios judíos. Sin ser esencialmente doliendo, cuando no comprendes en profundidad qué es tu función y tu responsabilidad hacia la sociedad, es posible que hagas daño. Afortunadamente, si esto pasa, no olvidamos que los tribunales están para corregirlo. Y muchas veces hacen bien su trabajo. Aprovéchemelo!

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